El Supremo anula la ampliación obligatoria del espacio por cerdos

El Tribunal Supremo ha anulado el apartado del Real Decreto 159/2023 que establecía un aumento obligatorio del espacio mínimo por cerdo en las granjas intensivas españolas. La decisión se basa en que la memoria económica que acompañaba la norma no evaluaba adecuadamente el impacto económico que la medida supondría para el sector porcino.

Antes del RD 159/2023, las granjas debían respetar unas tablas que determinaban el espacio mínimo que correspondía a cada cerdo según su peso. La intención de la nueva normativa era mejorar el bienestar animal en cerdos, pero las exigencias generaban costes elevados. Adaptar las naves habría requerido inversiones millonarias o la reducción significativa del número de animales, afectando directamente la producción y la rentabilidad de las granjas porcinas. Con la sentencia del Supremo, las granjas pueden seguir operando según el marco anterior del Real Decreto 1135/2002, que regulaba la densidad porcina sin imponer nuevas obligaciones inmediatas.

Consecuencias para la normativa porcina en España

La ampliación del espacio mínimo estaba incluida en la disposición final cuarta del RD 159/2023 y su anulación surge del recurso presentado por una explotación navarra. El Supremo subraya que, aunque el espacio disponible influye en el bienestar animal, la Administración no aportó datos económicos suficientes ni un análisis que justificara la obligatoriedad de la medida.

Además, recuerda que la disposición transitoria que fijaba marzo de 2025 como plazo de adaptación había quedado sin efecto por otro real decreto, de modo que la sentencia no modifica un calendario inmediato de cumplimiento. Lo que sí establece es un precedente: cualquier normativa porcina futura que implique costes reales deberá incorporar análisis económicos rigurosos, garantizando que las obligaciones sean viables y aplicables en las granjas.

Este criterio marcará los próximos desarrollos de la legislación porcina española y obligará a fortalecer el diálogo técnico entre administraciones y sector para definir estándares realistas y sostenibles.

Impacto de la sentencia sobre la producción y el bienestar animal

La anulación del RD 159/2023 proporciona seguridad jurídica al sector porcino, evitando inversiones urgentes y posibles recortes de censo. Los ganaderos pueden planificar la adaptación de sus instalaciones sin la presión de cumplir de manera inmediata con la nueva normativa, reduciendo riesgos financieros y asegurando la continuidad de su actividad.

Aun así, el sector seguirá enfrentando la obligación de cumplir con futuras regulaciones de bienestar animal, como el RD 809/2025, que establece estándares de densidad, ventilación, enriquecimiento ambiental y control de gases como amoníaco y CO₂. La sentencia del Supremo deja claro que cualquier medida que afecte económicamente a las granjas debe ir acompañada de estudios sólidos que justifiquen su viabilidad.

El marco normativo anterior, basado en el Real Decreto 1135/2002, ofrecía un equilibrio entre densidad porcina y viabilidad económica. Con la sentencia, las granjas porcinas recuperan ese marco mientras se preparan gradualmente para adaptarse a las nuevas regulaciones de bienestar animal, manteniendo la estabilidad de la producción porcina.