Dos años sin ampliaciones ni nuevas granjas en algunas zonas catalanas

La Generalitat de Cataluña ha aprobado recientemente el decreto de gestión de la fertilización del suelo y de las deyecciones ganaderas. Éste establece una moratoria absoluta de dos años, a partir de la publicación del decreto, para la construcción de nuevas granjas y la ampliación de la capacidad de aquellas existentes que estén situadas en uno de los 66 municipios con un alto índice de carga ganadera (ICG), es decir, superior a 1,2.

El objetivo de la nueva normativa es asegurar la calidad de los suelos y de las aguas subterráneas de la comunidad autónoma, y garantizar, a la vez, la viabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas. Para conseguirlo, se tomarán 500 muestras al azar de suelo agrario, que serán analizadas para comprobar que no superan las concentraciones máximas de nutrientes en el suelo.

“Desde Unió de Pagesos celebramos que se haya aprobado este decreto. El problema es que no en todas las zonas vulnerables hay excedentes”, declara Rossend Saltiveri, responsable del sector porcino de Unió de Pagesos (UP). El sindicato UP no está de acuerdo con algunas cuestiones recogidas en la nueva normativa, como la moratoria dispuesta en la disposición transitoria primera, que establece que si, expirado el plazo de un año desde la próxima modificación o ampliación de las zonas vulnerables el gobierno catalán no ha revisado el programa de actuación, no se podrán construir nuevas granjas ni realizar ampliaciones en las existentes.

Por su parte, la organización JARC ha cargado contra la lentitud del departamento de Agricultura en la publicación de la nueva normativa. Aun así, ambas organizaciones apoyan esta iniciativa. “En Alcarràs (Lleida) ya hace tiempo que algunos ganaderos estamos trabajando con el separador sólido-líquido para el tratamiento de los purines, y estamos realizando muchas inversiones para mejorar. Evidentemente, el resultado es lento, pero irá llegando, y con todos estos cambios además de mejorar la calidad del agua, los nitratos que aplicaremos serán más naturales”, explica Jaume Bernis, jefe sectorial del porcino JARC-COAG.

Según Bernis, “en las granjas hay nitratos de origen ganadero, pero también los hay de origen humano, y sobre todo mineral, y nadie se acuerda de ellos. No queremos rehuir nuestra responsabilidad, y como en todos los negocios, hay gente que todavía no hace bien su trabajo, pero queremos mejorar estos nitratos generando una oportunidad con el fin de obtener rendimientos para las futuras explotaciones”. Esta afirmación la comparte Saltiveri, quien añade que en la nueva normativa sólo falta un tema: el control del nitrato mineral por parte de las empresas.

La nueva legislación pretende garantizar la calidad de los suelos y de las aguas subterráneas de Cataluña. 

Revalorizar las deyecciones

En origen (en las granjas), los objetivos son la reducción del volumen de purines, así como el de nitrógeno, y de otros nutrientes generados en las explotaciones ganaderas, mediante la mejora de la alimentación del ganado y el uso de nuevas tecnologías; la optimización de los sistemas de almacenamiento y la potenciación de los sistemas de tratamiento que permiten la exportación de nutrientes fuera de las zonas con alta densidad ganadera, en un esfuerzo de bioeconomía circular.

En destino (en la aplicación al campo o la venta), se pretende garantizar una fertilización de excelencia ajustada a las necesidades de los cultivos y de los suelos.

En este sentido, tal como explica Rossend Saltiveri, “los equipos de aplicación de deyecciones ganaderas tendrán que disponer de un sistema que permita una elevada uniformidad de distribución y un buen ajuste de la dosis, y deberán contar con un conductímetro u otro método de precisión equivalente, que permita estimar la concentración de nutrientes del purín”. Con el objetivo de lograr el cumplimento de ambas normas, piden “ayudas, financiación, programas de formación y asesoramiento técnico” al departamento de Agricultura catalán.

Otra de las propuestas que introduce el sindicato es que la Generalitat establezca cada año medidas para fomentar la implicación y el desarrollo de todas aquellas normas referentes a la gestión de la fertilización y las deyecciones ganaderas que vayan más allá de lo establecido por la normativa vigente en la Unión Europea

“A los titulares de las explotaciones ganaderas y agrícolas nos afecta en una parte de las obligaciones que ya teníamos hasta ahora, puesto que tendremos que realizar una declaración anual relativa a la gestión de las deyecciones y otros fertilizantes nitrogenados, tanto orgánicos como minerales, con el fin de garantizar su trazabilidad”, explica Saltiveri. Paralelamente, con el fin de garantizar la trazabilidad del transporte, si la parcela a fertilizar está a más de 10 kilómetros (a 5 kilómetros, dos años después de la publicación del decreto), o bien si se trata de una empresa de servicios, será necesario que los equipos de transporte de deyecciones ganaderas vayan equipados con un dispositivo electrónico de posicionamiento global (GPS), para asegurar una mayor trazabilidad de las aplicaciones de deyecciones ganaderas a larga distancia.